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Del 25 al 28 de octubre se realizó una consulta ciudadana no oficial (hay que decirlo) sobre el lugar donde se construirá el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El resultado arrojó un contundente sí para construir 2 pistas e infraestrictura en la Base Aerea Militar de Santa Lucía, así como invertir en los aeropuertos de Toluca y el actual de la CDMX y optimizar el tráfico aéreo.
Ante la respuesta ciudadana (no oficial, hay que decirlo) algunos periodistas han intentado desacreditar con más intensidad los resultados e incluso hubo una, Fernanda Familiar, que llamaba a los empresarios a "poner orden" y detener los actos ilegales de AMLO para seguir con la obra de Texcoco.
EMPRESARIOS MEXICANOS: Ustedes tienen la fuerza para detener este acto ilegal de AMLO y evitar que México inicie quebrado. Súmense y pongan orden. La democracia no puede ser trastocada y si frena el crecimiento del México, no podrá intentar dismininuir la desigualdad social.— Fernanda Familiar (@qtf) 29 de octubre de 2018
Por tal motivo algunos empresarios solicitaron un amparo contra la Consulta y sus resultados, lo que no les ha salido bien, pues el Juez les respondió que no se pueden amparar por dicho concepto porque la Consulta no es oficial y la autoridad que la propuso, el Presidente Electo, ni tiene atribuciones legales, ni puede tomar decisiones, por lo que no infringe principios Constitucionales ni Derechos Humanos.
El argumento también decía que si están inconformes tendrán que esperar a que López Obrador tome posesión del cargo de Presidente Constitucional y comience a tomar medidas sobre el NAIM de Texcoco, lo que sucederá hasta dentro un mes, a partir del 1 de diciembre de 2018.
Hay que decirlo, tanto los empresarios como los periodista que lo hicieron, se encargaron de difundir y afirmar una y otra vez que la Consulta no es oficial, que no tiene atribuciones legales y que, por tanto, no puede ponerse en práctica su resultado de forma inmediata, es decir, que ellos mismos sabotearon la acción que quieren ejecutar ahora y echaron para la atrás lo que pudo haber sido una duda razonable, pues todos, incluso el Juez que les negó el amparo sabemos que el instrumento obradorista, por incómodo que sea, no tiene efectos legales.
Ni hablar, los empresarios tendrán que esperar a que AMLO se convierta en el Ejecutivo Federal y, para cuando eso suceda, este tendrá todo el derecho de tomar las decisiones que la ley le conceda y, siempre que sean por interés público, los "afectados" se van a tener que aguantar.
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